Obligaciones de documentación de operaciones vinculadas. Documento normalizado para las empresas de reducida dimensión; Valoración de operaciones vinculadas entre una entidad y su administrador; Compensación de bases imponibles negativas en periodos impositivos iniciados en 2015; Entregas gratuitas a potenciales clientes; Tratamiento en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre el valor añadido; Deducibilidad de los sueldos de administradores por el trabajo desarrollado; Regularizaciones derivadas de la cláusula suelo; Posibilidad de aportar nueva documentación en la tramitación del recurso de reposición o en la vía económica administrativa; Presentación electrónica obligatoria de documentación por grandes empresas.
Plusvalía municipal con pérdidas en el valor del terreno ¿es constitucional?; Ganancias Patrimoniales obtenidas por personas mayores de 65 años; Incentivos fiscales para una empresa que no cuenta con trabajadores a jornada completa ni con local comercial; Deducibilidad de los intereses de demora no tributarios; Esquema de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas; Relación de países y territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales; Mayor control de los alquileres en el IRPF.
Más sobre la deducibilidad de los intereses de demora. Nueva resolución de la dirección general de tributos; Derecho a comprobar por la inspección créditos fiscales pendientes; Deducibilidad de gastos en periodos en que un inmueble no se encuentra arrendado. Determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario en caso de parentesco; Concepto de actividad económica en el arrendamiento de inmuebles en el impuesto sobre sociedades; Posibilidad de que un inmueble que el año anterior tuviera la marca de “valor catastral revisado” en la información de datos fiscales, en este año aparezca como “no revisado”
La AEAT mantiene la no deducibilidad de los intereses de demora; Límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las comunidades autónomas; La plusvalía municipal puede ser impugnada; Información a incluir en la memoria en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales; Comunicación al ICAC de cuentas anuales depositadas fuera de plazo; Plan anual de control tributario y aduanero
Deducibilidad del IVA soportado por una entidad holding; Tratamiento de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades; Operaciones “Acordeón” para restitución de fondos propios; Servicios de intermediación en el arrendamiento de viviendas. Sujeción al IVA; Acuerdo para el intercambio de información en casos de fraude fiscal entre la UE y Andorra; Hacienda está obligada a respetar la valoración aceptada previamente, aunque se refiera a tributos o administraciones distintas; Legalización telemática del libro de actas y del libro registro de socios/acciones nominativas.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en especial lo regulado en el artículo 31) alcanza a los delitos que puedan cometer terceros como proveedores, subcontratas o autónomos que presten sus servicios a la compañía. La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. Como consecuencia de la misma, las empresas deben ser conscientes de que responderán por el trabajo encargado a un tercero, al exigirse deberes de supervisión, vigilancia y control sobre todos aquellos que puedan estar sometidos a la autoridad de los responsables de la compañía. Para evitar posibles responsabilidades penales, las compañías deberían exigir por contrato a terceros con los que trabajen que cuenten con programas de prevención y cumplimiento normativo. Fuente: Economistas / Expansión (03/02/2016),
De acuerdo a la regulación mercantil (Ley de Sociedades de Capital y Reglamento del Registro Mercantil), la falta de depósito de las cuentas anuales de las sociedades en el Registro Mercantil (junto con el informe de los auditores, en su caso) una vez que han sido aprobadas, puede ocasionar importantes perjuicios, como son: Cierre registral de la sociedad. Impedirá la inscripción en el Registro Mercantil de documento alguno referido a la sociedad (cambio de domicilio, aumentos de capital, modificación del objeto social, etc.). Sanciones económicas. En función de la dimensión de la sociedad (o grupo), se establecen multas a partir de 1.200 euros, que podrían llegar hasta 300.000 euros para sociedades o grupos de sociedades que facturen más de 6 millones de euros, por cada año de incumplimiento. Si bien no se ha iniciado un número significativo de expedientes sancionadores por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas […]
Con fecha 4 de febrero se ha publicado en el BOE la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, que será de aplicación a las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2015. Será obligatoria para a todas las sociedades mercantiles españolas. En las memorias consolidadas, únicamente se incluirán los datos referentes a las sociedades radicadas en España que se integran en la consolidación por el método de integración global o proporcional.
Recargos por liquidación fuera de plazo; Reservas de Capitalización y de Nivelación; Naturaleza de los rendimientos obtenidos por los socios de sociedades civiles que prestan servicios; Nuevos trámites y actuación al catálogo de trámites y actuaciones para los que se puede apoderar para su realización por internet ante la Agencia Tributaria.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, anunció el pasado 29 de diciembre que el PIB español creció un 3,2 por ciento durante este año. Una cifra que es una décima inferior al 3,3 por ciento que el Ejecutivo anunció en sus previsiones de julio, pero que supone el mayor crecimiento desde el año 2007 Fuente: El Economista, 30/12/2015 pág 8.
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